Resumen

La autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes permanece como una deuda histórica, obstaculizada por persistentes barreras legales, sociales y culturales que impiden el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta situación se ve agravada por la incesante influencia de la derecha, cuya notable incidencia política, jurídica y cultural busca imponer modelos familiares heteronormativos y la natalidad forzada. Esta fuerza conservadora, que incluye a fundamentalismos religiosos, ha intensificado su presencia en las agendas legislativas globales y regionales. Frente a la consolidación de los derechos reproductivos, la derecha, con grupos que van desde la jerarquía católica hasta movimientos evangélicos, promueve una moral sexual única. Estos actores rechazan el aborto en todas sus circunstancias, desaprueban los métodos anticonceptivos artificiales y se oponen a la educación sexual integral, al tiempo que criminalizan la diversidad sexual y de género. A pesar de una larga trayectoria de luchas feministas por la despenalización del aborto en México, que se remonta al Código Juárez de 1871 y ha logrado avances en 24 estados —incluyendo la despenalización en Ciudad de México (2007) y el histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2021) que declaró inconstitucional la criminalización absoluta—, la derecha mantiene su ofensiva. La persistencia de la penalización, como se observa en Guanajuato, subraya la necesidad imperativa de estrategias feministas contundentes para consolidar lo ganado y asegurar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y personas gestantes.
Palabras clave:derecha, aborto, feminismo, derecho a decidir, derechos reproductivos.

Between Rights and Right-Wing: The Reproductive Autonomy of Women and Pregnant People

Abstract

The reproductive autonomy of women and pregnant people remains a historical debt, hindered by persistent legal, social, and cultural barriers that prevent access to voluntary termination of pregnancy (VPT). This situation is exacerbated by the relentless influence of the right-wing, whose notable political, legal, and cultural impact seeks to impose heteronormative family models and forced childbirth. This conservative force, which includes religious fundamentalisms, has intensified its presence in global and regional legislative agendas. In the face of the consolidation of reproductive rights, the right-wing, with groups ranging from the Catholic hierarchy to evangelical movements, promotes a singular sexual morality. These actors reject abortion under all circumstances, disapprove of artificial contraceptive methods, and oppose comprehensive sexual education, while criminalizing sexual and gender diversity. Despite a long history of feminist struggles for the decriminalization of abortion in Mexico, dating back to the Juárez Code of 1871 and achieving progress in 24 states —including decriminalization in Mexico City (2007) and the historic ruling of the Supreme Court of Justice of the Nation (2021) that declared absolute criminalization unconstitutional— he right-wing maintains its offensive. The persistence of penalization, as observed in Guanajuato, underscores the imperative need for strong feminist strategies to consolidate gains and ensure the full exercise of sexual and reproductive rights for all women and pregnant people.
Keywords: Right-Wing, Abortion, Feminism, Right to Choose, Reproductive Rights.

Introducción

La reciente investidura de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México, si bien ha sido un momento de celebración y esperanza para muchas mujeres, exige una reflexión matizada. La noción del “tiempo de mujeres” no puede soslayar que la representación política, aun siendo crucial, no erradica per se las profundas desigualdades estructurales, especialmente en el ejercicio de los derechos reproductivos. La persistencia de barreras legales, sociales y culturales para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) evidencia que la autonomía sobre la maternidad sigue siendo una deuda histórica. Esta deuda se ha mantenido vigente, en gran medida, por la influencia incesante de la derecha en nuestro país, cuya capacidad de incidencia en los ámbitos político, jurídico y cultural se manifiesta incluso en momentos de aparente declive. El desafío, por ende, reside en traducir los avances simbólicos en políticas públicas concretas que garanticen la libertad y dignidad de todas las mujeres y personas gestantes.

Actualmente, la derecha, encarnada por quienes defienden un modelo familiar heteronormativo y sostienen la imposición religiosa de la maternidad, en la última década ha incrementado notablemente su presencia e influencia en las agendas políticas y legislativas a nivel global y, de modo particular, en América Latina (AL). Ejemplos palpables de este ascenso son los liderazgos conservadores de Nayib Bukele en El Salvador (desde 2019), Dina Boluarte en Perú (desde 2022), Santiago Peña en Paraguay (desde 2023), Daniel Noboa Azin en Ecuador (desde 2023) y Javier Milei en Argentina (desde 2024). Estos gobiernos han impulsado políticas que socavan directamente el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes sobre su reproductividad. Aunque Estados Unidos de América¹ no es parte de AL, su papel es fundamental para comprender la propagación de la derecha en la región, dado que gran parte de los recursos económicos e ideológicos emanan de este país. En el plano global, el Papa, como líder de la Iglesia Católica, sigue siendo un actor central en la promoción de políticas conservadoras. La reciente elección de León XIV² (mayo de 2025), cuya postura ha reafirmado el rechazo al aborto, la definición de la familia como “unión estable entre hombre y mujer” y la defensa de la “dignidad de los no nacidos”, encuentra eco en la jerarquía católica mexicana.

La persistencia de esta influencia se materializó el 10 de junio de 2025 en el estado de Guanajuato, donde, tras la votación parlamentaria (19 a favor y 17 en contra), se mantuvo vigente el artículo 159 del Código Penal, que criminaliza el aborto con penas de prisión. Este suceso subraya la continuidad de la criminalización y el estigma.

Frente a este contexto, este artículo de reflexión se propone analizar el papel de la derecha como factor limitante del ejercicio pleno de la autonomía corporal y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Se busca demostrar que, a pesar de los avances visibles (la primera presidenta y la despenalización del aborto en 24 estados), es fundamental no subestimar cómo la derecha sigue obstaculizando el derecho a decidir. Para ello, se ofrecerá una de las argumentaciones de la derecha y de los fundamentalismos religiosos y su agenda restrictiva en materia de derechos reproductivos y educación integral para las sexualidades humanas. Posteriormente, se analizarán los avances en la despenalización del aborto en México y AL, contrastándolos con las acciones de la derecha para frenar o revertirlos. Finalmente, se reflexionará sobre la necesidad de consolidar los derechos ganados y asegurar nuevos progresos en materia de educación integral para las sexualidades humanas y los derechos sexuales y reproductivos.

Fundamentalismos religiosos y reacción conservadora. Anatomía de la oposición a los derechos reproductivos

La maternidad constituye una idea profundamente sacralizada en América Latina, lo cual ha llevado a que las mujeres sean consideradas principalmente en función de su rol reproductor, por encima de su condición como personas conscientes y autónomas, capaces de decidir sobre sus propias vidas y cuerpos. En este contexto, el aborto se erige como uno de los temas en los que las voces de las mujeres y las personas gestantes son sistemáticamente relegadas, fenómeno que se atribuye en gran medida a la influencia de sectores identificados con la derecha, los cuales promueven una moral sexual tradicional única que privilegia la reproducción bajo cualquier circunstancia. La lucha del movimiento feminista y de mujeres por la interrupción voluntaria del embarazo ha debido enfrentar, desde sus inicios, una serie de ideas y movilizaciones conservadoras, lideradas por actores caracterizados por su fundamentalismo religioso.

¿A qué se refiere la derecha, en particular los fundamentalismos religiosos? ¿Quiénes la integran? ¿De qué manera actúan? ¿Cuál es su impacto en la posibilidad de que las mujeres y las personas gestantes puedan acceder al aborto legal? Estas interrogantes serán el objetivo de este primer apartado, para comprender por qué estos sectores constituyen obstáculos significativos en el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes.

La derecha está compuesta por sectores económicos, actores políticos, sociales y culturales, entre los cuales destaca la jerarquía católica, representante del conservadurismo y fundamentalismo religioso; en este análisis se enfatiza en el segundo, por ser uno de los que en mayor medida se ha manifestado de manera explícita en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes.

De acuerdo con Católicas por el Derecho a Decir (CDD), “Los fundamentalismos religiosos son un fenómeno global que refiere una reacción dogmática, absolutista y excluyente de determinados sectores religiosos que buscan imponer una visión única del mundo y la moral” (CDD, 2020, p.13). Dichos fundamentalismos intervienen en las sociedades de manera individual y colectiva, ejemplo de ello son los grupos conservadores denominamos “provida” cuya principal característica es oponerse a la autonomía sexual y reproductiva.

Si bien, los fundamentalismos religiosos están vinculados a creencias religiosas, es importante establecer algunas precisiones: en primer lugar, los fundamentalismos religiosos no deben confundirse con las religiones en su conjunto, ya que no constituyen únicamente un sistema de creencias, sino que representan sectores dogmáticos que rechazan cualquier forma de pensamiento o conducta distinta a la propia, utilizando la religión como herramienta política para imponer su visión sobre los demás. En segundo término, estos fundamentalismos no se limitan a una única confesión religiosa; por el contrario, pueden encontrarse en diversas tradiciones, como la católica y la evangélica, entre otras. En tercer lugar, los actores que integran estos movimientos pueden actuar tanto de manera individual como colectiva, bajo distintas denominaciones, incluyendo organizaciones civiles o incluso dentro de los órganos legislativos. Finalmente, su rasgo distintivo más relevante es la negación del derecho de las personas a vivir su sexualidad fuera del marco impuesto por la norma heteropatriarcal.

Entre los elementos que definen a estos fundamentalismos religiosos está la nula aceptación de cuestionamientos sobre el orden natural de la sexualidad y la reproducción, es decir, la sexualidad se limita a la reproducción en un contexto específico, que es el matrimonio religioso entre un hombre y mujer, en donde cada uno de ellos debe cumplir con un rol: ellos deben ser proveedores y ellas sumisas y obedientes.

La agenda de los grupos y actores fundamentalistas se focaliza en una serie de temas clave que reflejan su postura conservadora y excluyente y que tienen como resultado una agenda restrictiva de la autonomía de las personas (Morán, 2023). Entre estos destacan la oposición absoluta al aborto, sin considerar las circunstancias que rodean al embarazo, tales como la violencia sexual, inseminación artificial no consentida, riesgo para la vida de la mujer o persona gestante además de situaciones de extrema pobreza. Asimismo, rechazan el uso de métodos anticonceptivos artificiales, promoviendo exclusivamente métodos naturales como el ritmo, la temperatura basal, el coito interrumpido y el método del moco cervical, a pesar de su baja efectividad comprobada. En materia educativa, se oponen a la implementación de la educación integral de la sexualidad en las escuelas, argumentando que esta responsabilidad corresponde exclusivamente a los padres y debe basarse en una moral sexual única. Paralelamente, impulsan la enseñanza religiosa con un enfoque heteropatriarcal, que promueve el modelo tradicional de familia conformado por padre, madre e hijos. Finalmente, manifiestan un rechazo sistemático hacia las orientaciones sexuales diversas a la heterosexualidad y a las identidades de género no normativas, al tiempo que defienden la protección de la protección de la vida desde la concepción o fecundación hasta la muerte natural.

Trayectorias de lucha y resistencia: El derecho al aborto en México y América Latina frente a la derecha

Pioneros y precedentes: La regulación del aborto en el marco jurídico en México

Las luchas feministas por la despenalización del aborto tienen una larga data, por ejemplo, en el caso de México podemos hablar del código Juárez de 1871, en donde por primera vez se clasificó el aborto en un apartado distinto al delito de homicidio.

En la reforma de 1929 del Código Penal Federal se estableció que la adultez sería a partir de los 16 años (anteriormente se consideraba a partir de los 14 años). Este cambio significó que las mujeres menores de dieciséis años que abortaran, no contraerían responsabilidad criminal, en el citado código “se amplió el espectro de sanciones aplicadas a los menores para darles más que un castigo, un ´tratamiento ´ de carácter preventivo, médico, educativo y de vigilancia que los restituyera al equilibrio social” (Speckman, 2007 en Núñez, 2012, p. 81).

Actualmente, el Código Penal Federal regula el aborto en su capítulo VI (artículos 329 a 333), bajo la denominación “Aborto”. Su artículo 329 lo define como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez” (CPF, 2024). Ante este marco, el movimiento feminista adoptó estratégicamente la despenalización del aborto como vía para avanzar en la autonomía de las mujeres y personas gestantes, a diferencia de una búsqueda inicial de su legalización plena.

Así, a pesar de la excepción por aborto imprudencial establecida en el Código Federal de 1871, tuvieron que transcurrir 136 años, para que las mujeres y las personas gestantes de una de las 32 entidades federativas mexicanas pudieran acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) antes de las doce semanas. Esta temporalidad, sin embargo, es considerada muy conservadora por el neurofisiólogo Ricardo Tapia Ibargüengoitia, Investigador de la unam, quien sostiene:

Pese a lo conservador del plazo, esta fue la temporalidad con la se inició el avance en la autonomía de las mujeres y las personas gestantes. El 24 de abril de 2007, el entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México) despenalizó el aborto hasta las 12 semanas. Aunque se preveía un efecto cascada en otros estados, la intervención de la derecha no tardó en manifestarse: a un mes del hito, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, y del Procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza, interpusieron un litigio para revertir el avance. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la constitucionalidad de los cambios legislativos en agosto de 2008, el impulso inicial se frenó drásticamente. Tuvieron que pasar doce años para que el tema volviera a legislarse, con Oaxaca como el segundo estado en lograrlo, el 25 de septiembre de 2019.

La construcción discursiva antiderechos

Las luchas feministas, de las mujeres y personas gestantes en relación al aborto han tenido como eje central el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. En este proceso, el movimiento feminista ha generado una serie de argumentos y reflexiones que han posibilitado el debate, la articulación y la negociación para avanzar en materia de interrupción del embarazo.

No obstante, la derecha, y en particular los fundamentalismos religiosos, han adoptado como estrategia principal la apropiación y distorsión de los argumentos feministas para sustentar su activismo. Un ejemplo paradigmático es la construcción de la denominada ‘ideología de género’. Este concepto fue acuñado en 1997 por Michel Schooyans, en su obra L’Évangile face au désordre mondial, con prólogo de Joseph Ratzinger (futuro papa Benedicto xvi). Su uso se popularizó en el Vaticano a partir de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, cuando, según Maffia (2019), Juan Pablo II ‘se dio cuenta de que las feministas éramos peligrosas y empezó a decir que había una ideología de género’. Tras sucesivas reelaboraciones, la ‘ideología de género’ se ha consolidado en toda Latinoamérica como una etiqueta para deslegitimar el corpus teórico y práctico de las militancias y la academia feministas. Su objetivo es generar ‘pánico social’ ante contenidos que desafían el ‘diseño original’: la familia tradicional heteronormativa, los roles de género y la sexualidad convencionales (Vega, 2016 en Torres, 2019, p. 9).

En América Latina y el Caribe, varios países tienen gobiernos o figuras políticas importantes que se identifican con la derecha conservadora. Algunos ejemplos incluyen a Argentina con Javier Milei, El Salvador con Nayib Bukele, y Brasil con Jair Bolsonaro, aunque este último ya no está en el poder, su influencia perdura. Además, en Chile y Colombia, aunque no tienen gobiernos de derecha actualmente, la derecha ha tenido un papel significativo en la política y aún cuenta con representación parlamentaria. En México, si bien actualmente se cuenta con un gobierno de izquierda, la derecha tomó a nuestro país como sede de la Conferencia Política de Acción Conservadora mejor conocida como CPAC en 2022, en esta conferencia se reúnen activistas y funcionarios conservadores de Estados Unidos de América y de los diferentes países de América Latina y el Caribe.

Además de la ideología de género, otro de los argumentos que la derecha ha tomado del movimiento feminista para distorsionarlo es el principio de priorizar la salud de las mujeres. Este principio ha sido reinterpretado por dicho sector bajo el lema “salvemos las dos vidas”, que busca posicionar la defensa simultánea de la mujer embarazada y del feto como un único objetivo innegociable. Esta consigna, promovida principalmente por organizaciones conservadoras y religiosas, ha sido utilizada para oponerse a la legalización del aborto, enfatizando la protección del niño por nacer como un ser indefenso y digno de derechos desde la concepción, al mismo tiempo que se presenta la mujer embarazada como una figura vulnerable que debe ser protegida y acompañada.

La estrategia comunicativa de estos colectivos ha abarcado tanto los medios de comunicación tradicionales como las plataformas digitales de mayor audiencia, como Instagram y Tik Tok. En estos espacios, se observa la colocación de mensajes con un diseño atractivo y un marcado contenido emocional. Dichos mensajes no solo promueven sus posturas conservadoras, sino que también se orientan a la edificación de discursos que expresan disenso respecto a su ideología conservadora y fundamentalista.

En la actualidad, el uso de internet se ha consolidado como una herramienta fundamental para la difusión de información, la movilización social y la construcción de discursos políticos, la derecha ha entendido esto y ha hecho un uso estratégico de las plataformas digitales para propagar desinformación sobre aborto y para atacar a quienes realizan la actividad de acompañamiento. De acuerdo al trabajo realizado por Bet Quesadas tres son las estrategias de cómo la derecha realiza estas acciones en la red: identidad engañosa, suplantación de identidad y distribución de información falsa.

1. Identidad engañosa: Consiste en que organizaciones antiaborto se presentan falsamente como grupos de acompañamiento para personas que desean interrumpir su embarazo. Para ello, emplean un lenguaje que simula ser feminista, así como colores y símbolos asociados con el movimiento feminista.
2. Suplantación de identidad: Este tipo de ataque se produce cuando individuos o grupos malintencionados se hacen pasar por personas o entidades específicas, creando perfiles falsos o difundiendo contenidos en redes sociales en nombre de terceros, sin necesidad de acceder a sus cuentas oficiales y personales.
3. Distribución de información Falsa: Se refiere a la circulación de diversos tipos de datos falsos o manipulados, que incluyen ataques a la reputación de las colectivas que acompañan abortos, afirmaciones erróneas sobre supuestas consecuencias del aborto para la salud, detalles inexactos sobre el procedimiento. Esta desinformación tiene como finalidad sembrar miedo, duda y rechazo social hacia el aborto. (Bet Quesadas en CIMAC Noticias, 2022)

La derecha ejerce una influencia significativa en los ámbitos social, político y cultural, estableciendo alianzas estratégicas con sectores de la sociedad civil, actores políticos y empresarios. Esta convergencia conforma un entramado de poder que busca imponer una visión particular del mundo. En este contexto del debate sobre el aborto, la ofensiva conservadora se despliega mediante diversas estrategias. Según Morán citado en Lerner, Agnes y Melgar (2016), dichas estrategias comprenden cuatro modalidades principales: la organización de manifestaciones públicas, la acción directa orientada a impedir la interrupción voluntaria del embarazo, el cabildeo y la incidencia entre legisladores y funcionarios, así como la judicialización de casos relacionados. Estas tácticas han tenido un impacto notable en diferentes países de América Latina, incluyendo México, donde se observan manifestaciones concretas de esta dinámica en la esfera legislativa y social.

Avances y retrocesos del derecho al aborto en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe han sido profundamente influenciadas por el crecimiento de grupos conservadores y de derecha, con la participación destacada de la jerarquía católica y el auge de los movimientos evangélicos, pentecostales y neopentecostales. Esta influencia se materializa en legislaciones que restringen severamente los derechos sexuales y reproductivos. De hecho, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana son países donde el aborto está totalmente penalizado.

A continuación, se presentan ejemplos concretos de cómo diversos actores de la derecha en América Latina han actuado en contra del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes sobre sus propios cuerpos:

En El Salvador, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ha declarado que “no existe ni la más mínima posibilidad” de despenalizar el aborto mientras el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) mantenga la mayoría. Él ha enfatizado que “vamos a respetar siempre lo que indica la Constitución, no lo que quieran imponernos desde el extranjero algunas organizaciones” (EFE, 2023). La situación es crítica, pues las mujeres que sufren complicaciones en el embarazo, resultando en abortos espontáneos o mortinatos, son frecuentemente sospechosas de haberse practicado un aborto y pueden ser procesadas bajo el cargo de homicidio agravado.

En Honduras, la Secretaría de Salud (2022) reporta que, cada día, tres niñas menores de 14 años son forzadas a mantener embarazos producto de violaciones y a convertirse en madres. Un caso emblemático es el de Fausia, una mujer indígena y defensora de derechos humanos del Pueblo Nahua, quien sobrevivió a violencia sexual y tuvo que enfrentar una maternidad forzada debido a la prohibición total del aborto vigente en el país. Su caso fue presentado por el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (Center for Reproductive Rights, 2024).

La influencia religiosa es igualmente patente. En Nicaragua, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua ha afirmado que “el aborto no debe ser agenda electoral porque la vida humana no se negocia, se defiende y se promueve” (Vatican News, 2017). De manera similar, en la República Dominicana, el obispo Masalles, junto con responsables de la Pastoral de Vida y Familia, han reiterado su postura en favor de la vida y la inconstitucionalidad de cualquier intento de despenalizar el aborto (Vatican News, 2020).

Estos ejemplos demuestran que la influencia de los grupos conservadores y de derecha constituye un fenómeno sociopolítico de gran relevancia en la región, especialmente en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La convergencia entre la jerarquía católica y el auge de diversos movimientos religiosos ha consolidado un bloque ideológico que, mediante alianzas estratégicas con actores políticos y sociales, incide de manera determinante en la configuración de políticas restrictivas sobre el aborto.

No obstante, esta batalla no solo se libra en la consolidación de la penalización; también se observa una tendencia de reversión de derechos en lugares donde se habían logrado avances significativos. Un ejemplo paradigmático es Argentina. El 30 de diciembre de 2020, la “marea verde” logró la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación, y la ley fue promulgada el 14 de enero de 2021. Este hito histórico fue celebrado por el entonces presidente Alberto Fernández, quien declaró: “Hoy somos una sociedad mejor, que amplía derechos de las mujeres y garantiza la salud pública” (CNN, 2020). La ley permite el acceso gratuito y seguro al aborto, con excepciones para casos de violación o riesgo de vida después de las 14 semanas, y establece requisitos de asistencia parental para menores de 13 años. Sin embargo, este logro se encuentra en riesgo tras la asunción de Javier Milei a la presidencia el 10 de diciembre de 2023. En 2024, a pocos días del emblemático 8 de marzo, Milei se declaró públicamente en contra del aborto y calificó de “asesinos” a sus defensores. Esta declaración se ha visto acompañada de acciones concretas, como la reducción del 78% del presupuesto (respecto a 2023) del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencionado en la Adolescencia, un programa que había mostrado resultados muy positivos.

Si bien México, ha tenido avances significativos en la mayoría de los estados del país, una mención especial merece el fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto.

El 7 de septiembre de 2021 será recordado como un hito en la jurisprudencia mexicana, gracias a la resolución unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 148/2017. Esta sentencia no se limitó a declarar la inconstitucionalidad de la criminalización absoluta del aborto; en un acto de audacia judicial, reconoció y garantizó el derecho fundamental de las mujeres y personas gestantes a decidir, liberándolas de la amenaza penal.

La anulación del artículo 196 del Código Penal de Coahuila y la extensión de esta invalidez a los artículos 198 y 199 no son meras modificaciones legislativas; constituyen una ruptura con un paradigma punitivo que ha subsumido la autonomía corporal en el ámbito del derecho penal, negando la dignidad y la agencia de las personas con capacidad de gestar. La eliminación de restricciones temporales para casos de violación o inseminación artificial, en particular, evidencia una comprensión más profunda de la realidad de la violencia sexual y la urgencia de acceso a la salud sin plazos que perpetúen el trauma.

La fuerza vinculante de este fallo –resultado de una mayoría calificada– transforma el panorama jurídico nacional, estableciendo un criterio jurisprudencial imperativo para todos los operadores de justicia. A partir de ese momento, la criminalización absoluta del aborto en cualquier código penal local es, por definición, inconstitucional. Esto implica un cambio de paradigma: no se trata solo de la ausencia de sanción, sino de la desclasificación de la interrupción voluntaria del embarazo como delito en los supuestos que la criminalizan de forma absoluta. Esta distinción es crucial desde una perspectiva de derechos humanos, ya que elimina el estigma social y legal asociado a una decisión que es, en esencia, parte del ejercicio de la libertad y la salud integral.

Desde una mirada feminista, la decisión de la SCJN es multifacética. Por un lado, consagra la autonomía reproductiva como un derecho fundamental, despojando al Estado de la potestad de decidir sobre los cuerpos de las mujeres y personas gestantes. Por otro, la invalidación del artículo 224, fracción II, del Código Penal de Coahuila, referente a la violación entre parejas, es un acto de justicia interseccional. Al equiparar las penas, la Corte combate la histórica invisibilización e invisibilización de la violencia sexual dentro de las relaciones íntimas, reconociendo la autonomía y la dignidad de las víctimas por encima de cualquier vínculo. El discurso del ministro presidente, Arturo Zaldívar, al calificar la sentencia como “histórica” para las mujeres, especialmente las más vulnerables, no es retórico; subraya la conciencia de la Corte sobre la asimetría de poder y la necesidad de proteger a quienes históricamente han sido oprimidas por marcos legales patriarcales.

Además de este histórico fallo, también es digno de celebrarse que, a partir del 24 de enero de 2025, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) ofrece servicios de intervención legal del embarazo. Sin embargo, los avances mencionados enfrentan la resistencia de grupos conservadores y la inercia de sistemas judiciales y legislativos arraigados. La batalla por la plena implementación y por el acceso efectivo a los servicios de aborto seguro y legal en todo el territorio mexicano continúa siendo el gran pendiente para las agendas feministas y de derechos humanos.

Un claro ejemplo de cómo las fuerzas de derecha continúan interponiéndose en la conquista del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes sobre su autonomía reproductiva es lo recientemente acontecido en la Ciudad de México. A pesar de los avances previos, no se logró la despenalización del aborto más allá de las doce semanas de gestación en el Código Penal Local. Esta omisión, que contraviene la tendencia progresista impulsada por la Suprema Corte, permite que prevalezcan los estigmas y la amenaza de criminalización del aborto, perpetuando así un marco legal restrictivo que vulnera los derechos fundamentales.

El 4 de abril de 2025, Tabasco se convirtió en estado número 24 en despenalizar el aborto.

Tabla 1. Evolución histórica de la despenalización del aborto en legislaturas locales.

Fuente: Elaboración propia a partir de GIRE (2025).
Notas: *Congreso acata; ** Congreso redujo plazo de 12 a 6 semanas.

Este panorama, si bien prometedor para el respeto de los derechos reproductivos, encontró una significativa resistencia. El 26 de mayo de 2025, la derecha reafirmó su influencia en el Congreso de Guanajuato, donde un empate en la votación impidió la despenalización del aborto. Días después, el 10 de junio del mismo año, la iniciativa fue sometida nuevamente a votación en el pleno, resultando en una victoria para los sectores conservadores con 19 votos a favor y 17 en contra. Cabe destacar que la mayoría de los legisladores y legisladoras de la bancada panista de Guanajuato se identifican abiertamente con la agenda de la derecha. Este estado se distingue por poseer una de las legislaciones más restrictivas del país en materia de derechos reproductivos; como señala el Grupo de Información en Reproducción Elegida, “Históricamente, ha mantenido la criminalización de quienes requieren interrumpir su embarazo, vulnerando su derecho a la salud, la vida, la autonomía y a una vida libre de violencia” (GIRE, 2025).

A pesar de los importantes logros alcanzados en Argentina y México, es fundamental reconocer que estos avances no están exentos de la constante amenaza que representa la derecha. Por ello, se hace evidente la imperiosa necesidad de articular estrategias más contundentes para contrarrestar el avance de las agendas conservadoras. El movimiento feminista ha reflexionado profundamente sobre este panorama y ha delineado diversas líneas de acción clave: visibilizar y proteger el pluralismo en todas sus formas; fortalecer la laicidad y la ciudadanía como pilares democráticos; construir un movimiento intergeneracional que asegure la continuidad de la lucha; fomentar alianzas y redes de acompañamiento que brinden soporte y seguridad; promover la transparencia y la rendición de cuentas para exponer las incongruencias de los fundamentalismos religiosos; impulsar la promoción de los derechos a través del arte y la cultura para llegar a nuevos públicos; y, finalmente, desarrollar un infoactivismo creativo y construir nuevas narrativas que desafíen los discursos hegemónicos.

Conclusiones

Resulta fundamental valorar y aquilatar los avances logrados en materia de derechos reproductivos, reconociendo el proceso luminoso que ha permitido ampliar los derechos de las mujeres. La fuerza con la que el movimiento feminista se ha hecho escuchar en el espacio público —a través de manifestaciones que incluyen bailes, cánticos, gritos y consignas emblemáticas como “¡Alerta, alerta! Alerta que camina la lucha feminista por América Latina” y “¡Tiemblen! ¡Que tiemblen los machistas! Porque América Latina será toda feminista”— evidencia la participación intergeneracional y transversal de las mujeres de todas las edades en la defensa y promoción de sus derechos. No obstante, resulta indispensable no solo defender lo logrado, sino también continuar trabajando para que lo expresado en las leyes se traduzca en una realidad tangible en la vida cotidiana de las mujeres.

El conocimiento, ejercicio y exigencia del derecho a decir sobre el propio cuerpo constituye una de las herramientas fundamentales que poseen las mujeres para materializar una de las máximas del movimiento feminista: el derecho a una maternidad libre, elegida y placentera. Aunque las generaciones jóvenes han infundido una energía renovada a esta causa, no se puede soslayar que, durante las últimas décadas, los informes de Human Rights Watch han señalado de manera reiterada que los marcos jurídicos que penalizan el aborto generan un entorno de vulnerabilidad para niñas y mujeres. A pesar de que el aborto es un procedimiento médico seguro y accesible, la existencia de leyes restrictivas impide que se realice en condiciones idóneas, lo que conduce a que niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas recurran a procedimientos inseguras que ponen en riesgo sus vidas.

Resulta inadmisible que, en pleno 2025, continúen imponiéndose obstáculos jurídicos fundamentados en prejuicios morales y religiosos, como se ha evidenciado en las argumentaciones expresadas en el Congreso de Guanajuato. Estas posturas, basadas en desinformación y carentes de sustento científico se alejan de los principios fundamentales de protección de los derechos sexuales y reproductivos, la justicia social y la garantía de la salud pública.

Frente a este discurso conservador que genera miedo, tergiversa la información e intenta disuadir a las mujeres, negándoles el control sobre sus propios cuerpos, Cedeño y Tena (2020) proponen la creación de un entorno facilitado por políticas públicas adecuadas, la prestación de servicios amigables y el apoyo de las redes sociales, que permitan a las mujeres superar sus temores y disolver las barreras simbólicas y subjetivas que limitan su autonomía. Este contexto, sumado a un marco legal favorable, fortalecería la legitimidad y el empoderamiento de las decisiones individuales y colectivas.

Los procesos de empoderamiento personal están conectados con procesos colectivos, “[las mujeres] buscan participación cambios a nivel personal y político, pugnan por la despenalización, romper con mitos, apoyar a otras mujeres que buscan interrumpir un embarazo y crear un clima social de menor estigma y juicio sobre temas relacionados con su sexualidad” (Cedeño y Tena, 2020, p. 168).

El análisis de las diversas causas que conducen a las mujeres a abortar revela un fenómeno multifactorial, que afecta principalmente a aquellas con menores recursos económicos y, sobre todo, con menor autonomía y libertad. A pesar de la existencia del derecho legal a la interrupción del embarazo bajo ciertas causales, la realidad demuestra que la ignorancia, la incertidumbre jurídica, la presión de la derecha y los fundamentalismos religiosos obstaculizan su ejercicio efectivo. Por ello, es imperativo avanzar de manera creativa y sostenida en los objetivos planteados por el movimiento feminista desde hace años: implementar una educación integral en sexualidad que permita a las mujeres establecer una relación distinta con su cuerpo, acceder a información laica y científica para tomar decisiones informadas, y fortalecer su autoestima y autonomía desde una perspectiva de género. Asimismo, se requiere garantizar una oferta accesible y segura de métodos anticonceptivos que les permita decidir libremente cómo, cuándo y con quién desean ejercer la maternidad o no.

En suma, la defensa y ampliación de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos enfrenta desafíos significativos en un contexto marcado por la resistencia conservadora, pero también cuenta con la fuerza y la determinación del movimiento feminista y de mujeres intergeneracional que insiste en transformar la realidad para garantizar la autonomía y la justicia para todas las mujeres.

Referencias bibliográficas

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