Durante el primer semestre de 2023, la revista Science publicó un artículo titulado “Reducir el reclutamiento de los cárteles es la única manera de bajar la violencia en México” (Prieto-Curiel et al., 2023). Llama la atención que una revista de amplio prestigio científico a nivel global se enfoque en un tema tan espinoso de la realidad mexicana, como lo es la cruenta y mortal violencia provocada por el crimen organizado. También resulta llamativo que en el título del artículo aparezca el término “reclutamiento”; de hecho, a lo largo del texto se convierte en el concepto fundamental de la construcción argumental. El término fue definido como el “proceso de atraer a una nueva fuerza de trabajo que lleva a cabo tareas (tanto estrictamente criminales como no) para los cárteles de manera estable” (Prieto-Curiel et al., 2023, p. 2).

Se plantea que los “cárteles” mexicanos pierden gran cantidad de miembros debido a confrontaciones con las fuerzas del Estado y con otros “cárteles” pero que, no obstante, su presencia operativa y su poder de violentar se mantienen intactos. Se trata de resolver ese enigma modelando matemáticamente la capacidad de reclutamiento del crimen organizado. Se concluye que, tan solo en 2022, los “cárteles” contaban con un aproximado de 175,000 miembros, siendo la quinta fuerza empleadora de México, únicamente detrás de Femsa, que ocupa el primer lugar; Walmart, el segundo; Manpower y América Móvil, tercero y cuarto respectivamente. Tras los “cárteles”, el sexto lugar lo ocupa Oxxo, el séptimo Bimbo, el octavo Pemex.

No han sido pocas las ocasiones en las que dicho artículo ha salido a flote durante conversaciones en mi espacio de trabajo, particularmente con docentes y estudiantes del área laboral de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro. Dejando a un lado la notable calidad de la investigación y la complejidad metodológica, dos son los puntos por los cuales el artículo nos resulta controversial: la concepción de los “cárteles” como una entidad empresarial y la posibilidad de concebir a un miembro del crimen organizado como trabajador.

Con respecto al primer punto, efectivamente, el artículo implica una equiparación entre los “cárteles” y un conglomerado empresarial específico. Al respecto, se trata de matizar ese punto especificando que el apartado “cárteles” es conformado por, valga la redundancia, varios “cárteles”; pero este razonamiento —que en un solo rubro engloba corporaciones aisladas— no se emplea en el caso de ninguna de las otras empresas enlistadas (Femsa, Walmart, Manpower, América Móvil, Oxxo, Bimbo o Pemex). El desglose de ese matiz queda de la siguiente forma: del total de 175,000 empleados por los “cárteles”, 17.9% pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación, 8.9% al Cártel de Sinaloa, 6.2% a la Nueva Familia Michoacana, 4.5% al Cártel del Noreste y 3.5% a la Unión Tepito.

Se habla, entonces, de cinco distintos “cárteles” (sin conexión entre ellos, salvo el de operar en la ilegalidad) y de que los cinco, sumados, conforman el apartado “cárteles”. La asimetría en la comparación con otras empresas es la que nos lleva a plantear que cada uno de esos cinco “cárteles” debió haber sido concebido solamente como una parte del todo: como empresas específicas aisladas entre sí y no como un solo ente que en su totalidad engloba un amplio espectro de giros e industrias ilegales. Esto porque las respectivas actividades de cada grupo criminal se insertan en la amplia diversidad de áreas que caracterizan a la economía criminal y, además, porque los beneficiarios y modelos de negocio de cada “cártel” responden a ecosistemas comerciales y político-económicos diferenciados entre sí. En ese supuesto, si se tomara al Jalisco Nueva Generación como el “cártel” que más recluta, ya que los datos muestran que consta de aproximadamente 35,000 empleados, con esa cantidad, por sí mismo, no aparecería en esa lista donde sí logra aparecer —en quinto lugar— el conglomerado que conforman los “cárteles”.

Por cierto, coloco comillas al utilizar el concepto “cártel” por dos razones: la primera porque aludo al término que se utiliza en el referido artículo; segunda, porque existen autores que han argumentado la vaguedad e imprecisión del mismo, llegando a problematizar su concepción afirmando que los cárteles como tal —como enemigos reales del Estado— ni siquiera existen (Zavala, 2018, 2022). Es decir, los así llamados “cárteles” son, más bien, una construcción discursiva, potenciada por plataformas comunicativas para crear un enemigo mediático al cual se debe combatir y vencer (usando recursos del Estado y creando costosas burocracias). Esa creación discursiva se erige como un problema social, cuando en realidad las actividades lucrativas en el terreno de la ilegalidad son habilitadas, fomentadas y orquestadas por ese ecosistema político-empresarial ávido de un ejército raso que le proporcione mano de obra, fuerza de trabajo. Sobre ese brazo armado se centran los reflectores mediáticos: allí brota y se desperdiga la violencia y, por lo tanto, hacia ellos es necesario direccionar la atención judicial e institucional. Todo eso, toda esa supuesta guerra contra los “cárteles”, ocurre mientras el gran negocio trasnacional ha crecido exponencialmente década tras década, y lo hace con el aval, la bendición y el beneplácito del gran capital, de la banca y de sus multimillonarios tejemanejes financieros (Paley y Granovsky-Larsen, 2019; Paley, 2020).

En el espacio que sitúa al crimen organizado como un pilar económico aparece el segundo punto polémico del artículo publicado por la revista Science: aquellos sujetos empleados por los “cárteles” o, para ser más precisos, empleados por las estructuras que habilitan la existencia del crimen organizado y del millonario negocio transnacional a su alrededor, aquellos sujetos, ¿pueden ser considerados trabajadores? Es decir: ¿cómo y por qué las actividades ilegales pueden ser consideradas trabajo? Fue ahí, en el espacio habilitado por esas interrogantes y la problematización teórica que de ellas deriva, donde, platicando con los editores de la revista Psicología, Educación & Sociedad, surgió la idea de confeccionar el presente dossier.

Como mencioné anteriormente, el referido artículo publicado por la revista Science argumenta de manera frontal que la eficacia de los “cárteles” al reclutar les brinda “fuerza de trabajo”. En el corazón de sus conclusiones incluso se puede leer la siguiente frase: “Demostramos matemáticamente que la capacidad de los cárteles para compensar las pérdidas sufridas debido a los altos niveles de violencia está impulsada por su capacidad para reclutar una nueva fuerza de trabajo para mantenerse operativos” (Prieto-Curiel et al., 2023, p. 7). A este respecto, resulta pertinente retomar a Karl Marx, quien define “fuerza de trabajo” como el conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce valores de uso de cualquier índole (Marx, 1975, p. 203). Esta aproximación teórica, relacionada con una fuerza de trabajo que existe independientemente de su naturaleza, se ajusta con lo estipulado por la Ley Federal de Trabajo en México, que entiende “por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario” (Ley Federal del Trabajo, 2022, Art. 20). Lo anterior nos lleva a plantear que, sin importar el acto que da origen a una relación laboral, ese acto puede ser considerado trabajo y su (i)licitud puede mutar de un día para otro en función de decisiones institucionales y criterios legislativos volátiles.

Existen millones de relaciones de trabajo que operan fuera de la supervisión regulatoria, lo que plantea desafíos significativos tanto para la gobernanza económica como para la seguridad pública (Barroso, 2015). Las actividades ilícitas y delictivas son parte de ese espectro ajeno a la supervisión regulatoria y, por ende, algunas de ellas podrían ser enunciadas desde la concepción del trabajo “no clásico”, es decir, “el trabajo no subordinado a un solo patrón, o integrado a una sola empresa, sin contrato por tiempo indeterminado, sin tiempo completo, desprotegido, riesgoso, pero no necesariamente precario” (De la Garza, 2009, p. 125). Es posible situar estas labores en contraposición a una concepción ideal de trabajo, perspectiva que permite alejarnos de la visión moralista que considera las actividades delictivas resultado de conductas patológicas personales y sociales (Sutherland, 1999). En México, los trabajos “no clásicos” han sido extremadamente comunes y, no obstante, han sido menospreciados por los estudios laborales (De la Garza, 2009, p. 114). Dentro de ese vacío se inserta la necesidad académica del presente dossier.

A lo largo de la historia y más claramente en las últimas cuatro décadas, marcadas por el neoliberalismo como modelo económico-cultural, millones de sujetos han alcanzado subsistencia material mediante tareas y esfuerzos que han producido valor dentro de las economías criminales. En esos casos, lo que segmenta la (i)legalidad, lo que separa lo criminal de lo no criminal, es una simple línea. Regularmente esa línea ha sido delimitada con explicaciones jurídicas e institucionales consensuadas y razonables (tendientes a proteger a terceros y el bien común), pero en no pocas ocasiones ha sido impuesta de manera arbitraria y trazada de forma confusa. Esa ambigüedad limítrofe no es exclusiva al caso de los “cárteles”, del narco y del crimen organizado, sino que se expande hacia otras industrias y áreas sociales. El hilo conductor que subyace a cada uno de los artículos que conforman el presente dossier busca escrudiñar ese espacio liminal que se dibuja en los confines que separan la licitud de la ilicitud.

Este compendio inicia con un artículo titulado “´Una vendedora de drogas heroicas y sueños artificiales´: Lola ‘la chata’, la primera traficante en la Ciudad de México”. En él, la etno-historiadora Nidia Olvera documenta a través de un meticuloso trabajo de archivo el caso de Dolores Estévez, conocida como Lola “La Chata”, considerada la primera mujer narcotraficante en México. El artículo se construye a partir del momento en que las hoy en día drogas ilegales dejaron de ser consideradas medicamentos regulados para convertirse en cuerpos del delito. Se evidencia cómo esa línea tan vaga que separa lo legal de lo ilegal fue el detonante de una espiral de esfuerzos institucionales por perseguir y castigar a una mujer que, unos cuantos años antes, hubiese sido considerada una exitosa comerciante.

En el segundo artículo, que lleva por título “Dinámicas de movilización social, regulación y procesos de reconocimiento del trabajo cannábico en Argentina”, Cecilia Díaz documenta, a través de la mirada antropológica y mediante la exploración etnográfica, los movimientos sociales y el reconocimiento del trabajo cannábico en Argentina; es decir, explora los esfuerzos de diversas personas y asociaciones para que una actividad considerada delito (cultivar y comerciar cannabis) eventualmente pueda ser regulada y descriminalizada. En esos esfuerzos se percibe no sólo una pugna con las instituciones y las burocracias, sino que sobresale también la dimensión psicosocial de los sujetos involucrados, quienes buscan que su creación de valor sea considerada una actividad formal, alejada de estigmas y desprecio social.

En el tercer texto, titulado “La extracción y venta de huachicol como trabajo ilícito: un relato social de transformación regional (Tula de Allende, Hidalgo)”, Yunuen Trejo y Candi Uribe examinan la configuración del mercado de trabajo de extracción ilícita de combustible en la región de Tula de Allende, Hidalgo. Las autoras prestan particular atención a los procesos de cambio regional que este fenómeno ha traído consigo, así como a las experiencias sociales de los actores locales en torno a una actividad ilegal. Se trata de una práctica ilegal cooptada por un crimen organizado que, durante las últimas décadas, ha mostrado que sus giros no se enfocan exclusivamente al narcotráfico. En el texto se reconoce el desarrollo y los riesgos derivados del así llamado “huachicoleo” en la región, y se recogen experiencias en torno a cómo esa actividad se ha convertido en una opción laboral normalizada.

En el cuarto artículo, que lleva por título “´Las Pindongas´ y ´Gambrinus’: control de cantinas y legislación laboral. San Luis Potosí entre los siglos XIX y XX”, Gerardo Vela muestra cómo las campañas antialcohólicas (que se dieron en diferentes momentos y regiones de México como estrategia para atacar lo que se ha considerado uno de los mayores peligros sociales), persiguieron el comercio al menudeo de bebidas embriagantes. El enfoque se centra en un caso particular: el de San Luis Potosí, que sirve como botón de muestra para evidenciar cómo dichas campañas repercutieron en la formulación de legislaciones laborales, entendiendo a éstas como herramientas jurídicas para regular el comercio y consumo de alcohol buscando con ello erradicar las ausencias y desórdenes en los espacios de trabajo.

El quinto artículo, titulado “Sindicatos bajo sospecha: entre el crimen organizado y el movimiento laboral independiente”, elaborado por Juan Manuel Godínez y Eduardo Luna, cuestiona si el surgimiento del nuevo movimiento sindical en México es auténtico o, por el contrario, si esta transformación es una simulación de cambio. A partir de este planteamiento central, los autores se adentran en la corrupción histórica que ha permeado a estos movimientos; sin embargo, al puntualizar la normalización de estas prácticas, a las que se tilda de índole mafiosa, los autores subrayan la necesidad de un nuevo enfoque sindical, el cual, para contrarrestar las malas prácticas debe orientarse a la transparencia. Se trata, sin duda, de un desafío para el futuro de las condiciones laborales en México.

Por cuestiones de espacio, dos artículos que forman parte de este dossier aparecen en volúmenes distintos de la revista Psicología, Educación & Sociedad. El primero, “Significaciones instrumentales del uso de sustancias psicoactivas con relación al mundo del trabajo en jóvenes con empleos formales: consideraciones preliminares” fue publicado en el volumen anterior (Becerra y Salinas, 2024). En él, los autores ahondan en el uso de drogas dentro de espacios laborales nocturnos. En este texto convergen los estudios del trabajo, los estudios de la noche y los estudios sobre las juventudes, exhibiendo un espacio donde la presencia de las drogas ha sido una constante. Es importante subrayar aquí que varias drogas históricamente relacionadas con la noche son legales; en específico cafeína y destilados y fermentos alcohólicos. La mirada de los autores va más allá de esas sustancias y explora los vericuetos en los que otras drogas, más bien ilegales, tienen presencia en espacios laborales. Los autores reflexionan en torno a las construcciones de sentido con que las personas jóvenes asocian sus consumos de sustancias psicoactivas, mismas que más allá del uso lúdico, son significadas como un factor coadyuvante para solventar las exigencias y malestares generados por la práctica laboral.

El segundo artículo en cuestión (de mi autoría) se titula “La tensión entre la regulación canadiense del cannabis y su uso en espacios laborales”, un texto que, desde la mirada socio-jurídica, documenta los espacios donde la regulación nacional y el uso adulto y legal de cannabis en Canadá interpela a los reglamentos laborales y confronta los intereses patronales. Se trata de una investigación que explora genealógicamente los espacios de tensión entre los diversos actores de una política pública compleja, como lo es la que regula el cannabis en una nación que ha logrado situar la producción de esta planta y de sus derivados como un negocio legal multimillonario, sobresaliendo la cantidad de ingresos estatales obtenidos mediante impuestos y licencias y, además, por la cantidad de trabajos —legales y regularizados— que ha generado. Este artículo se publicará en el siguiente volumen (enero-junio 2025) de la revista Psicología, Educación & Sociedad.

Por último, es necesario mencionar que la temática general que envuelve este dossier requiere aún de mayor reflexión científica y académica: son incontables las aristas técnicas y sociohistóricas que deben considerarse para comenzar a descifrar los confines que separan el trabajo legal del ilegal. Agrupar los siete artículos que conforman este dossier (cinco contenidos en este volumen, uno en el anterior y uno más en el inmediato posterior) responde a un intento por seguir esbozando el estado de la cuestión y, sobre todo, para trazar algunas líneas de investigación que ayuden a consolidar ideas, argumentos y conceptos. La mirada multidisciplinaria con la que se articularon estos textos evidencia cómo, en múltiples procesos que cruzan nuestro presente, lo que ayer fue lícito mañana puede ser ilícito. Y viceversa: lo que hoy es ilegal mañana puede ser legal. Es en esa volatilidad donde se evidencia un amplio espacio con implicaciones psicosociales. Se trata de una volatilidad que ha determinado la vida de millones de personas, cuyas subjetividades han sido marcadas por decisiones institucionales. Esas decisiones han situado las actividades de millones de sujetos, sus esfuerzos, su cotidianeidad, su trabajo, su producción de valor, ya sea en la legalidad o en la ilegalidad; en el castigo o en el aplauso; en la recompensa o la sanción. Una serie de líneas —en apariencia ilusorias— han apartado porvenires bienaventurados de otros en el encierro y la reclusión; esas líneas han bifurcado relatos de prosperidad de otros destinados al encarcelamiento, al estigma y a la criminalización. Esa es la ambigüedad psicosocial que emerge al mirar el espacio liminal que existe —y retrae— lo legal de lo ilegal.

José Domingo Schievenini Stefanoni

Editor invitado

Referencias bibliográficas